por Gabriel Gabbiani

Casi 1.120 millones de dólares gastó el Estado uruguayo en compras que no cumplieron con los requisitos que establecen las normativas referidas al gasto público, según la Memoria Anual 2009 del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) , la última que dio a conocer dicho organismo.

Y, en ese marco, el documento revela que las intendencias fueron las más observadas.

Instituido por el Artículo 208 de la Constitución, el TCR tiene como cometidos principales los siguientes:

1) Dictaminar e informar en materia de presupuestos;

2) Intervenir preventivamente en los gastos y los pagos conforme a las normas reguladoras que establece la ley haciendo, en su caso, las observaciones correspondientes;

3) Dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de todos los órganos del Estado, inclusive Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza, así como también, en cuanto a las acciones correspondientes en caso de responsabilidad, exponiendo las consideraciones y observaciones pertinentes;

4) Denunciar, ante quien corresponda, todas las irregularidades en el manejo de fondos públicos e infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad.

De lo anterior se desprende, que el TCR es un organismo que controla, advierte y propone, pero no tiene la función judicial respecto a los gastos del Estado. Dicho en buen romance, observa pero no sanciona. De ahí que, en la mayoría de los casos, las observaciones se diluyen en el papel.

Pues bien, los integrantes del TCR han señalado ahora que, a su juicio, las habituales y constantes reiteraciones de gasto en el Estado podrían encubrir un posible acto de corrupción.

Los números son abrumadores: por no cumplir con el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) o la Constitución, durante 2009, el TCR intervino en 376.775 expedientes de gastos, de los cuales 122.581 resultaron observados -335 por día- y reiterados por los organismos respectivos, implicando un total de $ 21.252:743.000, es decir, casi 1.120 millones de dólares.

Un análisis detallado de la actuación de los gobiernos departamentales revela que 71.703 gastos les fueron observados a las 19 intendencias. De ellos, 19.523 fueron a la comuna de Lavalleja, 13.032 a la de Maldonado, 5.921 a la de Salto y 5.268 a la Intendencia de Colonia (IDC), lo que para esta última significa más de 14 observaciones por día.

La polémica se agrava cuando se analizan los llamados a licitación, por cuanto de las 894 que hubo en 2009, el 36% resultó observado. Del total, 14 licitaciones correspondieron a la IDC, 10 de las cuales (71%) resultaron observadas.

Los gastos totales de nuestra comuna para el año 2009 (última Rendición de Cuentas) ascendieron a $ 917:123.000, de los cuales fueron $ 348:798.000 para sueldos (38%), $ 208:463.000 para funcionamiento (23%) y $ 33:060.000 para inversiones (36%). Del total, el 74% correspondió a recursos de origen departamental y el 26% a recursos de origen nacional.

A este respecto, vale hacer un apartado para señalar que Colonia es, después de Montevideo (8%) y Maldonado (21%) la que menos recursos nacionales recibe (26%), mientras en el otro extremo se encuentran las Intendencias de Treinta y Tres y de Río Negro (57% ambas).

El resultado del Ejercicio 2009, según la IDC, fue de $ 62:575.000, cifra que con el ajuste del TCR se ubica en $ 58:447.000, llevando el déficit acumulado al 31 de diciembre de 2009 a los $ 286:830.000, es decir, más de 15 millones de dólares al cambio actual. Y ello sin contabilizar el año 2010, año electoral, por lo cual no es desubicado pensar que el déficit total podría ser del orden, en la actualidad, de los 20 millones de la divisa estadounidense, extremo que seguramente se verificará cuando se conozca la Rendición de Cuentas 2010.

Existiendo, de tal forma, tantos gastos que a pesar de ser observados por el TCR son reiterados por las oficinas estatales, y como la Asamblea General no resuelve al respecto, la sensación de impunidad respecto a las irregularidades en los gastos del Estado es permanente.

Y eso, en momentos en que la ciudadanía demanda transparencia y cristalinidad a la hora de manejar los recursos que son de todos, es una mala señal.

Una muy mala señal.