por Daniel Bianchi

La realidad, triste y fatalmente, nos dio la razón.

Hacía tiempo que lo veníamos advirtiendo en distintos ámbitos, y este espacio de prensa era uno de ellos.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) explotó. No literalmente, claro, aunque de hecho, eso fue lo único que le faltó.

El pasado 16 de agosto convocamos a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) para que informaran respecto al retraso en las intervenciones quirúrgicas, la demora en las consultas de especialistas y otros problemas asistenciales. No obstante, los acontecimientos que tuvieron lugar a comienzos de la presente semana añadieron nuevas preocupaciones respecto a la forma en que es gestionado el organismo.

ASSE cuenta con un presupuesto de 650 millones de dólares -monto que fue respaldado por la oposición, de igual forma que la Ley de Emergencia Sanitaria, y las partidas presupuestales y extra presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- y, como consecuencia de la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) ha tenido una importantísima disminución de usuarios, aproximadamente 400.000, lo que debiera haber redundado en una mejora de calidad en la asistencia y en una mejor gestión.

A pesar de ello, sin embargo, continúan las listas de espera de hasta un año para consultas con especialistas, son insuficientes las camas en los CTI, persisten los retrasos en las cirugías, y son cada vez más graves los retrasos de las ambulancias y en las emergencias.

El funcionamiento de ASSE tiene serios inconvenientes, tal cual lo hemos sostenido en los últimos meses, los que han sido admitidos en las últimas horas por el propio Presidente de la República, José Mujica Cordano. En efecto, tras relevar de su cargo en agosto al ex Presidente del organismo, Mario Córdoba, en las últimas horas hizo lo propio con el Gerente General, Enrique Buccino -además de suprimir ese cargo- y con el Gerente Administrativo, César González, por “problemas de gestión y omisión debido a que no contaban con toda la información sobre aspectos básicos del funcionamiento del organismo”, según sus propias declaraciones. La gravedad de sus expresiones evidencia que estas últimas resoluciones debieron haberse tomado, tiempo antes, por parte del Directorio del organismo, no por el Presidente de la República.

En sólo ocho meses se gastaron 20 millones de dólares en contrataciones, y ASSE debería responder ante la ciudadanía qué controles hubieron para las mismas, si intervino en el proceso el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y cómo se hicieron los llamados, aspectos todos ellos que no quedan claros.

Es explícita la lucha por el poder político instalada entre el gobierno y el gremio, al grado extremo que las designaciones se realizan por cuota política y no por capacidad, extremo que también reconoció Mujica.

Los hospitales se han convertido en comités políticos, y la reciente huelga de funcionarios y el incuestionable desconcierto de las autoridades respecto al manejo de la cosa pública, llevan a cuestionarse si, en breve, éstas no le preguntarán al sindicato cómo hacer las contrataciones, cuando está claro que, en este caso, deberían realizarse con el más estricto sentido técnico.

Tampoco se alcanza a comprender por qué no se cumple con la Ley Nº 18.161 por la cual los representantes de los trabajadores y de los usuarios deben ser elegidos siguiendo el ejemplo del Banco de Previsión Social (BPS) y no por designación directa, como se realiza actualmente.

La mala gestión está inmersa en todas las dependencias de ASSE. El otrora ejemplar Hospital Pereira Rossell, el Hospital de Rivera (donde hay sólo dos pediatras y un anestesista que realiza dos guardias de coordinación de cinco horas semanales cada una), el Hospital-Escuela del Litoral de Paysandú, y el Hospital de Colonia del Sacramento, cuentan con graves carencias edilicias, de personal, de instrumental médico-quirúrgico y de medicamentos.

En contrapartida, ASSE gastó no se sabe en qué el dinero presupuestado para cubrir 700 vacantes. De hecho, no se conoce la cifra exacta ni el destino de los fondos, por lo cual el Directorio del organismo ordenó una “investigación interna” para conocer la respuesta a esas interrogantes.

Curiosamente, no obstante, llama la atención el anuncio del Presidente Mujica respecto a que no se va a realizar una “investigación administrativa” porque, si bien admitió que algunos recursos fueron mal gastados, entiende que los jerarcas removidos no son el origen de los problemas de Salud Pública.

Inaudito.

Pero más grave aún es que el mandatario quiera adjudicarle parte de la responsabilidad a la oposición, cuando ASSE cuenta con un Directorio de cinco integrantes, sólo uno de los cuales pertenece a la oposición, puntualmente al Partido Nacional. Y fue precisamente ese director quien en diversas oportunidades votó en contra de resoluciones que no contaban con informes financieros favorables. Las declaraciones del Presidente, por tanto, nos parecen absurdas.

La situación de ASSE es totalmente irregular, y muestra serios problemas de gestión, omisión y desconocimiento.

Y como hemos señalado en más de una ocasión, mientras este sinsentido discurre a lo largo de las semanas y los meses, en todo el país hay pacientes que, permanentemente, demandan una importante mejora en la calidad de la asistencia.

A la que tienen sobrado derecho, por otra parte.