Seis ediles de la Junta Departamental de Colonia, representantes del Partido Colorado y del Frente Amplio fueron recibidos el pasado jueves 3 por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes a efectos de interiorizarse acerca del recurso de apelación contra la Tasa de Promoción Turística incluida en el Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Colonia (IDC) presentado en agosto próximo pasado ante la Cámara Baja.

Los diputados de la mencionada comisión presentes en la oportunidad fueron los frenteamplistas José Bayardi (Presidente), Jorge Orrico, Walter Souto y Sandra Lazo, los colorados Fitzgerald Cantero y Gustavo Cersósimo, y los nacionalistas Diego Guadalupe y Pablo Díaz (S).

Los ediles Nibia Reisch y Gabriel Gabbiani (S) fueron los representantes colorados en la oportunidad.

Analizando los documentos

“Nunca tuvimos dudas de presentarnos ante el Parlamento porque estamos absolutamente convencidos de que se trata de un impuesto y no de una tasa”, dijo Reisch, agregando que “si se estudia el Código Tributario y la Constitución, se comprobará que este es un impuesto y que es inconstitucional”.

“A su vez -sostuvo- nos preocupa mucho el efecto que pueda tener este impuesto en el turismo en Colonia. Muchas veces tenemos la idea de que Colonia significa hoteles cuatro o cinco estrellas, pero hay muchos hoteles que trabajan con un público que no puede pagar esta nueva carga de $ 15 diarios. Muchos viajeros que circulan por el departamento, si tienen que pagar esta tasa por cuatro o cinco días, optan por ir a otros departamentos vecinos, no muy lejanos; así logran que sus costos se reduzcan considerablemente. Esto lo afirman ellos mismos en sus planteos”.

“En síntesis, a nuestro entender se trata de un impuesto, no de una tasa y es inconstitucional. Lo que ofrece la Intendencia no es una contraprestación, como debería suceder si fuera una tasa. En ese sentido, nos preocupan no sólo los efectos que esto pueda tener sobre el turismo, sino que quede en el imaginario colectivo que en nuestro departamento se cobra tasa al turista, lo que afectaría seriamente su imagen. Esta preocupación la compartieron la Cámara Hotelera y Turística, y la Cámara Gastronómica de Colonia”, dijo Reisch.

Por su parte, Gabbiani leyó parte del análisis realizado en el Informe en Minoría presentado por su sector, Vamos Uruguay -informe que durante la discusión del Presupuesto en la Junta Departamental el Partido Nacional le impidió leer en Sala amparándose en un artículo del Reglamento Interno de la corporación- señalando que los artículos de referencia “crean y reglamentan la Tasa de Promoción Turística absolutamente inconstitucional. No se advierte en el texto del Artículo 114 que exista una actividad del Estado directamente dirigida al sujeto pasivo; la hipótesis de incidencia estaría dada por la ocupación de una habitación del hotel por el sujeto pasivo, por lo tanto, no habría actividad del Estado sino una demostración de capacidad contributiva del contribuyente (capacidad económica de solventar el costo de una habitación del hotel). Tampoco reúne la segunda característica de la Tasa (el monto a pagar que debe estar en estrecha relación con el servicio que se presta)”.

"En primer lugar consideramos que no existe actividad alguna de la Intendencia, pero si se considerara que el Estado tiene en el caso una actividad, la Comuna cobraría un monto fijo sin relación alguna al presupuesto de hecho. Por lo tanto, en atención a que la figura tributaria no reúne los requisitos o elementos esenciales de la Tasa, la misma es claramente inconstitucional por tratarse de un impuesto disimulado bajo la forma de otra especia tributaria", sostuvo.

Seguidamente, informó que “cuando se habló de Tasa de Promoción Turística preguntamos al Intendente, al contador de la Intendencia y a los Ediles oficialistas en Sala cuál sería la mencionada promoción turística y la respuesta siempre fue que, principalmente, se entregarían folletos al viajero o a la persona que pernocta. Nunca se habló seriamente de otro tipo de promoción”.

Asimismo, aclaró que “esta tasa apunta sólo a hoteles, hostales y similares, como establece el Presupuesto, y no al área que cubren la Cámara Gastronómica de Colonia, el transporte y otra serie de servicios que hacen a la actividad turística del departamento”, por lo que su argumento es de difícil sustentación.

Reisch recordó que “en estos momentos hay empresas en Colonia que emplean mucha mano de obra, cuyo personal se queda en hoteles, y esta tasa representará un pago diario de $ 15 por cada una de las personas por concepto de alojamiento”. La edila agregó, a título personal, que “esto se debe más a un fin recaudatorio que a otro tipo de objetivo, porque si sacamos la cuenta de lo que se recaudará y lo comparamos con lo que se pretende invertir, concluimos que se destinará muy poco para promoción turística en Colonia. Entonces, no sabemos si esta tasa se creó para que aporte al Presupuesto a fin de terminar fortaleciendo otros rubros, porque en promoción sólo se pretende invertir en un folleto. Creemos que de mantenerse esta tasa no mejorará el turismo en Colonia, sino todo lo contrario, se verá perjudicado”.

Paralelamente, los ediles recordaron a los diputados que cuando el entonces Proyecto de Presupuesto fue remitido al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) para su análisis, éste coincidió con la oposición y se pronunció en el mismo tenor, declarando que la tasa era violatoria de la Constitución.

Al mismo tiempo, indicaron que, por el momento la tasa de referencia no está reglamentada y, por tanto, no se está aplicando.

Optimismo moderado

Interrogados acerca de la posibilidad de que el recurso presentado tuviera andamiento y la tasa fuera efectivamente anulada por el Parlamento, Reisch indicó que “tenemos un moderado optimismo. Los diputados se manifestaron de acuerdo, casi en su totalidad, respecto a que la tasa de referencia no es tal”. No obstante, aclaró Reisch, “Bayardi, dirigiéndose a título expreso a los ediles de su Partido, dijo que la Comisión se va a pronunciar de acuerdo a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del escrito, independientemente de que aquellos lo hayan firmado, porque en el pasado había sufrido la práctica de pronunciarse por seguimiento de las firmas y no se la va a hacer sufrir a ningún Intendente”. Bayardi dijo que se pronunciaría “en función del análisis acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta tasa, advirtiendo que no había que tener ninguna otra expectativa al respecto”, postura a la que se sumó Cantero.

Cabe señalar que, durante la presente semana comparecía ante la Comisión el titular de la IDC, Walter Zimmer.

El recurso tiene plazos constitucionales, que fueron prorrogados a punto de partida del pedido de ampliación de informes que hizo la Comisión tanto a la Junta Departamental como a la IDC. Por tal razón, la fecha de vencimiento del plazo será el 18 de diciembre, es decir, tres días después de que cierre el período ordinario de la Legislatura.

“De todos modos, la voluntad de la Comisión ha sido analizar el recurso interpuesto y pronunciarse favorablemente o desfavorablemente antes del vencimiento del plazo, para que la aceptación o el rechazo no sean fictos”, aclaró Bayardi.