Opinión: por Daniel Bianchi

No es la primera vez que en el acápite de una nota se parafrasea el título de la novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, pero esta es una inmejorable oportunidad para hacerlo.

La próxima semana la Cámara de Representantes completará el tratamiento legislativo y, desde ese momento, el proyecto por el cual se crea el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) impulsado por el Presidente de la República, José Mujica, tendrá fuerza de ley.

Lo curioso es que, a pesar de que el denominado proyecto de Patente Única hasta este momento aún no ha sido sancionado, ya cuenta con serias probabilidades de naufragar.

La afirmación parece temeraria, pero no lo es. Antes bien, se ajusta a datos precisos y a una serie de acontecimientos que han tenido lugar recientemente. Uno de ellos, tal vez el más importante, es que días pasados el Poder Ejecutivo entregó a cada una de las Intendencias la tabla definitiva con los valores actuales de la patente de rodados y el valor fijado por el nuevo sistema. Y grande fue la sorpresa cuando los jefes comunales comprobaron que los cálculos presentados semanas atrás, durante la negociación llevada adelante por funcionarios del Poder Ejecutivo, de la OPP y del MEF, distan mucho de los que aparecen ahora en las tablas oficiales, lo que haría que el impacto impositivo en la mayoría de los departamentos, y fundamentalmente en el de Colonia, sean sustancialmente más elevados que lo previsto en primera instancia.

El aviso, naturalmente, no cayó en saco roto, y ya los propios jefes comunales vienen evaluando la posibilidad de rever su posición en el Congreso Nacional de Intendentes, con vistas a revertir o, directamente, evitar esta situación.

Recuérdese que, durante su comparecencia ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República, los intendentes expresaron que habían recibido el texto definitivo del proyecto “quince horas antes de ser enviado al Parlamento”, y advirtieron que, si bien acompañaban la iniciativa “con la mejor voluntad”, aquella debía reconocer que los jefes comunales no podían “levantar la mano y aprobar el proyecto en su totalidad, tal como venía redactado”.

Y la actitud de los jefes comunales, en este punto, parece coherente, si se tiene en cuenta que el proyecto de ley, además de ser claramente inconstitucional, promueve la adhesión al mismo en base a coacciones y amenazas manifestadas a través de sanciones que disponen el recorte de recursos genuinos, establecidos por disposición constitucional y que, como tales, no pueden verse recortados.

Nótese además, más allá de la grave inconstitucionalidad del proyecto en sí mismo -la Patente de Rodados es un recurso de los Gobiernos Departamentales, y como tal debe ser decretado y administrado por éstos, como hemos afirmado en esta misma página- que entre tantas irregularidades, se soslaya la participación de las Juntas Departamentales, cuando los intendentes no son los encargados de ejercer la potestad tributaria, sino que lo hacen mediante una iniciativa que remiten a aquellas para su aprobación.

Esta ley, además, apunta a eliminar definitivamente la autonomía de los departamentos. Si el proyecto se aprueba -cosa que seguramente sucederá con el voto del oficialismo- más del 70% de los ingresos de los departamentos será administrado por el Poder Ejecutivo Nacional. Dicho en buen romance, esta ley transita en sentido contrario a la Constitución, que en su última reforma reguló y jerarquizó, a través del Artículo 50, la política de descentralización.

Pero además, un dato no menor a tener en cuenta es que todos los especialistas en Derecho consultados por el Parlamento -TODOS- han admitido que, si el proyecto se aprueba tal como está, cualquier intendente o Junta Departamental, actuales o futuros, podrá interponer una acción de inconstitucionalidad o lesión de autonomía y, de tal manera, eludir la ley, con las consiguientes consecuencias.

Como se ve, el abanico que se despliega a partir de la aprobación del SUCIVE amenaza con bifurcarse en una telaraña de dificultades, reclamos y procesos judiciales.

Y todo por un capricho cuya única finalidad es asistir, furtivamente, a los departamentos mal administrados por imperio de sus gobernantes.