Diputado Bianchi: Los números manejados son erróneos.

Por 53 votos en 84, la Cámara de Representantes aprobó sobre las 20.00 hs. del pasado martes 13 las modificaciones que incluyera el Senado de la República al proyecto de ley sobre Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE), pasando ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La posición del oficialista Frente Amplio (FA) en su intento de violar las autonomías departamentales a través de un proyecto de ley, contraviniendo la Constitución de la República que establece en forma clara que la patente de rodados es un recurso de los Gobiernos Departamentales que solamente éstos deben manejar, fue acompañada por solamente 3 diputados opositores de un total de 49, lo que evidencia un claro fracaso de la estrategia de quebrar a la oposición acordando previamente con los intendentes.

Como lo hiciera en su momento, el representante nacional por Colonia, Daniel Bianchi (Vamos Uruguay - P. Colorado) -el primer legislador en todo el país en tomar públicamente posición contraria a la iniciativa- sostuvo que “por el mero hecho de tratarse de un proyecto de ley, estamos en presencia de una iniciativa que viola la Constitución, ya que ésta es clara al señalar que los impuestos a los vehículos de transporte, tal el caso de la Patente de Rodados, son fuente de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos (Art. 297, Inc. 6º), razón por la cual una Ley que fije el sistema de cobro y el monto de las patentes es inconstitucional”.

“Se trata de un recurso propio y genuino de los Gobiernos Departamentales, y la potestad tributaria que establece la Carta Magna es indelegable”, añadió.

Bianchi recordó que “para la fijación del recurso se requieren dos elementos: iniciativa del Intendente y aprobación por parte de la Junta Departamental mediante decreto, que tendrá fuerza de ley en su territorio una vez que sea promulgado y publicado de conformidad con lo que la propia Constitución señala”.

Sin embargo, agregó, “el proyecto establece un sistema de unificación del valor de las patentes contrario a la descentralización, sin tomar en cuenta las distintas realidades de los departamentos, promueve la adhesión en base a la coacción y amenazas, y penaliza a los gobiernos departamentales que no se adhieran al sistema, fijando como sanciones el recorte de recursos propios y genuinos que pertenecen al departamento por disposición constitucional. Y como si ello fuera poco, además propone hacer todo esto sin la intervención de la Junta Departamental”.

Bianchi recordó que “la potestad tributaria no es ejercida por los Intendentes, que la ejercen mediante una iniciativa que remiten para su aprobación a la Junta Departamental”.

“Esta ley ingresará en los anales de la historia como la ley que intentó terminar definitivamente con la autonomía de los departamentos, ya que más del 70% de los ingresos de los departamentos pasarán ahora a ser administrados por el Poder Ejecutivo nacional”, aseguró.

La cátedra en contra

El diputado colorado recordó que “las opiniones de los constitucionalistas consultados por la Cámara de Diputados han sido más que contundentes. El Dr. Carlos Delpiazzo señaló que ‘la Patente Única es inconstitucional, y además de ser groseramente inconstitucional, es absolutamente inútil. La iniciativa plantea la suscripción de un contrato por 15 años de parte de cada Gobierno Departamental, pero cabe la posibilidad de que cualquier Junta Departamental -ahora, después de las próximas elecciones o de las subsiguientes- dentro de los 15 años que se prevén, plantee una acción de inconstitucionalidad al amparo del Artículo 256 o una acción por lesión de autonomía al amparo del Artículo 283’ de la Constitución”.

“Por su parte -continuó Bianchi- el Prof. Dr. Augusto Durán Martínez, ha señalado con relación al Artículo 8, que establece que quien no se adhiera al SUCIVE podrá acceder únicamente a los 6/10 (seis décimos) del monto que corresponde a las partidas mencionadas en el Artículo 214 de la Constitución, que ‘la inconstitucionalidad es muy clara. No se pueden condicionar estas partidas a la adhesión al SUCIVE (…). Me parece que esto es una verdadera extorsión y puede haber un delito por acto legislativo’, fueron las palabras exactas del catedrático”.

“El Dr. Martín Risso, por su parte, señaló que, ‘en definitiva, la ley es inconstitucional y lesiona la autonomía departamental. Y hago la distinción porque creo que cualquier habitante de la República que sea intimado o emplazado para pagar esta nueva patente podrá excepcionarse y pedir la declaración de inconstitucionalidad’, por lo que la posición es claramente unánime en contra de la iniciativa”, sostuvo Bianchi.

“De todo ello se desprende que esta ley, paradójicamente es ilegal, inconsistente y, por sobre todo, lesiva de los derechos de los ciudadanos del país. Todos los especialistas han admitido que cualquier Intendente, Junta Departamental (actuales o futuros) o quien lo entienda pertinente podrá interponer la acción de inconstitucionalidad o lesión de autonomía ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que la ley se declare inaplicable. Lo único seguro es que de aquí en más habrá una catarata de reclamos y procesos judiciales”, finalizó Bianchi.

Ahora no la quieren

Pero no acallados aún los ecos de la votación en la rama baja parlamentaria, el Congreso Nacional de Intendentes (CNI) inició negociaciones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a fin de introducir modificaciones al listado de aforo vehicular para comenzar a cobrar los nuevos valores de patente única, ya que la OPP modificó la estimación inicial y ahora los números muestran que, en una amplia franja de autos, las patentes se incrementarán promedialmente entre el 100% y el 400% y, en casos excepcionales, el incremento puede alcanzar el 1000%.

Los nuevos valores -muy diferentes a los que el Poder Ejecutivo transmitió a los jefes comunales y a los legisladores- surgieron a partir de un programa informático diseñado a esos efectos sobre la base de dos variables, el año del modelo y el valor de los automotores (estableciéndose tres franjas: vehículos económicos, medios y de alta gama). Sorpresivamente, el sistema arrojó valores del tributo con una muy fuerte suba en algunos casos, muy por encima de las cifras presentadas originalmente a los intendentes por el Presidente José Mujica y la OPP.

Por estas horas, la Mesa del CNI -que integran Colonia, Rivera y Canelones- procura establecer franjas y topes (100% para los autos de alta gama) para el incremento de la patente, y otra solución que se viene manejando es que la ley comience a aplicarse solamente para los autos que sean empadronados a partir del año 2012, posibilidades que este sábado 17, a las 10.00 hs., los intendentes plantearán a Mujica en la Estancia Presidencial de San Juan de Anchorena.

Con todo, independientemente del acuerdo que se alcance, hay coincidencia a la hora de señalar que, más allá de su aprobación, la ley seguramente será declarada inconstitucional cuando la SCJ reciba los múltiples recursos anunciados.