Opinión: por Daniel Bianchi

La improvisación en diversos temas que ha mostrado la administración que encabeza el Presidente de la República, José Mujica, y las consecuencias que aquella conlleva, constituyen una firma casi indeleble de los anuncios o propuestas realizados desde las filas gobernantes.

Secuelas adversas de dichos y acciones poco reflexivos son moneda corriente, y los desenlaces inevitablemente derivan en un perjuicio para la mayoría de los ciudadanos o de los contribuyentes, tal vez no en un principio ni a simple vista, pero sí a la larga, a medida que se van desnudando las inconsistencias.

Naturalmente, la inconstitucional Ley de Patente Única no podía quedar al margen de semejantes incongruencias.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le propusieron al Congreso de Intendentes que los autos empadronados a partir de 2012 paguen una patente anual equivalente al 4,5 % de su valor de importación, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la tasa de ganancia del importador. Además, a pedido de los intendentes habrá un tope del 120% del valor actual de las patentes, en función del acuerdo celebrado con el Poder Ejecutivo. Y, complementariamente, los contribuyentes recibirán una bonificación especial por el pago al contado y en fecha.

Según explicó Daniel Sureda, asesor del Congreso de Intendentes y miembro de la Comisión de Aforos, el último acuerdo logrado -discúlpesenos la digresión, pero debemos hacer hincapié en que lo de “último” en realidad es “por ahora”, ya que las modificaciones en procura de enmascarar esta iniciativa para que discurra como legal es permanente, y por tanto todos los días hay más innovaciones- implica que los vehículos pagarán una patente con una cifra determinada por el Documento Único Aduanero (DUA) multiplicado por una alícuota que no excederá el 4,5% del valor del vehículo cero kilómetro.

De esa manera, se intentará minimizar todas las dispersiones que pueda haber entre los distintos valores de las patentes, de acuerdo a sus palabras.

Pero los números que se hacen públicos siguen siendo erróneos.

Por desliz, por incapacidad o a propósito.

Por ejemplo, se ha señalado que el 62% de las patentes bajará, pero ese numero, dependiendo de quien lo diga, cómo, cuándo y dónde, ha trepado hasta el 69% e, incluso hasta el 75%. Lo que ninguno de los representantes del Gobierno Nacional aclara es que gran parte de ese porcentaje corresponde a las patentes de los departamentos de Montevideo y Canelones, es decir, los peor administrados y los de peor gestión, para paliar cuyos déficits colaboraremos -compulsivamente- no sólo todos los colonienses, sino el resto de los uruguayos.

Con respecto a la exoneración del pago de patentes para los autos empadronados con anterioridad al año 1975 -exoneración que no está contemplada en la ley- se instrumentará siempre y cuando el propietario tenga al día la certificación del Auto Test, lo que permitirá asegurar que el vehículo se encuentra mecánicamente apto para circular garantizando la seguridad en el tránsito. La idea está bien, pero cómo y quién instrumentará el mencionado análisis, es otra cosa que aún resta por verse.

El subsidio que se otorgará a aquellas intendencias que reciban menos dinero respecto a la patente que venían cobrando -por ejemplo, Montevideo y Canelones- va a provenir de Rentas Generales. Y en ese sentido, uno de los tributos que más recauda Rentas Generales es justamente el IVA: lo pagan todos, quienes tienen y quienes no tienen vehículos. Si existe un ejemplo más claro de injusticia tributaria, que alguien lo presente. Por lo pronto, que deban pagar Patente de Rodados quienes no tienen vehículo parece el ejemplo más nítido de la injusticia que puede cometer un gobierno. Y ello, por supuesto, sin tomar en cuenta la nueva suba del IMESI.

Algunos politólogos, días pasados, apuntaron a señalar que el logro más significativo del gobierno durante 2011 fue el acuerdo por la patente única de rodados.

Discrepamos, naturalmente.

Creemos que más que un logro fue una de las tantas violaciones a la Constitución impulsadas durante el año que fenece, pero estamos seguros, además, que sus efectos adversos quedarán de manifiesto en el corto plazo.

No van a transcurrir más de tres o cuatro semanas para que, en nuestro departamento, los números demuestren si se trató del mayor logro o, como aseguramos nosotros, del peor desacierto.