Opinión por Gabriel Gabbiani

La película “Doce hombres en pugna” (“12 Angry Men”), un film de 1957 dirigido por Sidney Lumet, gira en torno a la decisión que una docena de ciudadanos, integrantes de un jurado estadounidense, debe adoptar acerca de la culpabilidad o inocencia de un joven acusado del homicidio premeditado de su padre.

En las primeras imágenes, el juez advierte que, ante la existencia de una “duda razonable”, el jurado debe abstenerse de considerar culpable al encausado.

Las pruebas apuntan a implicar al muchacho como el autor material del asesinato, y consecuentemente ya desde el comienzo once de los doce miembros del jurado opinan que es culpable.

No obstante, uno de ellos -para el caso, Henry Fonda- evalúa la argumentación esgrimida hasta el momento y hace surgir dudas sobre el autor del crimen. El tesón puesto de manifiesto por ese jurado, mueve a los demás a ir modificando su opinión inicial, y en medio de un ambiente cada vez más tenso, poco a poco van aflorando mezquindades que desnudan que la decisión de varios de ellos había sido adoptada sobre la base de aspectos y problemas personales, ajenos por completo al delito que estaba siendo analizado.

La película, ganadora de varios premios internacionales a pesar de la sencillez de su puesta en escena, deja en evidencia que muchas veces las cosas son diferentes a como se ven. Pero además, muestra el empecinamiento de un hombre que se niega a ser parte de un sistema que no ofrece garantías.

La escenografía bien podría trasladarse a una sesión del Congreso Nacional de Intendentes o a una reunión en la Estancia Presidencial de Anchorena en la que participaran el Presidente José Mujica, el Prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, los jefes comunales, autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y, por supuesto, los jefes comunales. Lo necesario sería ampliar el número del título, y en consecuencia el film se llamaría “Varios hombres en pugna”, o algo así.

Por lo demás, el argumento variaría muy poco, sólo que en vez de tratarse de un atentado contra la vida humana se trataría de un atentado a la Constitución de la República para -de una manera absolutamente irregular- fijar el valor de la Patente de Rodados por ley.

Así, por ejemplo, la trama podría discurrir entre la casi unanimidad de los participantes a la hora de concretar la iniciativa, para de a poco ir modificando distintos detalles y darse cuenta, al final, que se estaba en vías de cometer una inmoralidad. Para ello, claro, sería necesario que uno de los protagonistas asumiera el papel de Henry Fonda, y que analizara un poco más detenidamente que el resto de sus colegas las pruebas y las declaraciones. Podrían, entonces, darse cuenta que están violando la Ley, que algunos de los actores estarían desnaturalizando datos -por ejemplo, al presentar valores de patentes muy por encima de los originalmente manejados, aunque luego se intentara ponerle topes-, que unos pocos estarían adoptando una decisión en provecho propio sin tomar en cuenta el mal que le ocasionarían a los contribuyentes de otros departamentos, que estarían sentando un peligroso antecedente contrario a la tan mentada descentralización, que estarían obligando a los contribuyentes sin auto a pagar patente a través de Rentas Generales -nada menos que 30 millones de dólares destinará por esa vía el Gobierno en 2012 para garantizar a las intendencias la recaudación que obtuvieron en 2010, recursos que podrían haberse invertido, por ejemplo, en infraestructura para los centros de Enseñanza, algunos de los cuales se encuentran en estado ruinoso- que un fideicomiso gestionaría el cobro y manejaría fondos de los Gobiernos Departamentales contrariando la legalidad, que el proyecto no obtuvo el respaldo parlamentario que su creador, José Mujica, reclamaba para ponerlo en funcionamiento, y demás detalles.

El gobierno ha sostenido que el 69% de las patentes bajará. Y puede que así sea. Lo que no ha dicho es que ese porcentaje lo conforman, casi en su totalidad, Montevideo y Canelones, cuyas patentes hoy se encuentran por las nubes y, gracias a la contribución de todos los uruguayos -entre ellos los colonienses- a través de Rentas Generales, ahora los montevideanos y canarios pagarán menos.

Menuda manera de hacer justicia.

Esperemos que alguien emule a Henry Fonda y se niegue a ser parte de un sistema que no ofrece garantías.

Esperemos que advierta que existe una “duda razonable” al aplicar este artilugio y que se está a punto de cometer una grave injusticia.

Y esperemos que lo haga a tiempo, antes de que se aplique la inyección letal.