Opinión por Daniel Bianchi

A Gladys la censaron dos veces.

La primera hace ya unas cuantas semanas; la segunda poco antes de culminar el año. En la primera visita dijo al censista que tenía 70 años; en la segunda acusó 71. Ambas declaraciones eran correctas cada una en su momento, porque había cumplido años en el ínterin.

A la vecina de Gladys, también una señora que como ella vive sola, igualmente la censaron dos veces.

Estas y otras falencias son algunos de los tantos deslices que quedaron al desnudo durante el proceso de visita y recopilación de datos.

La campaña publicitaria calificando a setiembre como “el mes del Censo”, que instaba a la población a aportar toda la información requerida a los censistas, se extendió durante varios días previo al inicio de la tarea de registro.

En aquel momento, los uruguayos nos quejábamos de que una actividad que históricamente se había realizado en un solo día a través de funcionarios públicos, ahora requería un mes y miles de personas contratadas para hacer lo mismo. Y además, por un salario que pagaba el Estado, o sea, todos nosotros.

El 21 de setiembre, el director del Censo, José María Calvo, anunció que el relevamiento se dilataría hasta fines de octubre, pero los plazos continuaron extendiéndose mes a mes.

Según admitieron las autoridades, las demoras se debieron a errores de planificación, a problemas tecnológicos de conectividad, a la desconfianza de la población o la inseguridad que sentían en algunas zonas, y a la escasez de recursos humanos. Respecto a este último punto, cabe recordar que en marzo de 2010 el Instituto Nacional de Estadística (INE) contaba con 42.000 censistas inscriptos. Luego el organismo anunció que durante setiembre trabajarían en el censo 7.500 personas -en su mayoría estudiantes- especialmente capacitadas. No obstante, al momento del inicio sólo se pudo contar con 6.000.

La directora del INE, Laura Nalbarte, anunció que la segunda etapa del Censo 2011(datos preliminares) finalizaba el 30 de diciembre, una vez que se volcaran al sistema los datos correspondientes a unos 25.000 hogares que hasta ese momento no habían sido registrados y que fueron relevados con un formulario especial, que constaba de menos preguntas y cuestionaba sólo “datos básicos”, a fin de culminar con el conteo de población antes de fin de año. Pero ello no fue suficiente, por lo que además, se utilizaron llamadas telefónicas para completar el estudio, lo que configura una grave irregularidad, ya que la regla básica es que los censos sean presenciales y, por otra parte, no se puede modificar una metodología en medio de un proceso.

En efecto, en aquellos hogares en los que no hay personas, el INE deja notas de aviso para que llamen a la línea gratuita 0800 1520. Los funcionarios que reciben las llamadas invitan a los ciudadanos a concurrir a la sede del Censo, y en caso de que éstos no pudieran concurrir, toman los datos telefónicamente.

Nalbarte indicó que, de todas maneras, la extensión del período en la recolección de datos y las numerosas irregularidades “no van en contra de la calidad de la información” recabada.

Las cifras son anecdóticas, y no vale la pena siquiera mencionarlas por ser susceptibles de sospechas de toda índole. Muestran, cuando menos, un estancamiento de la población, como anunciara el Presidente José Mujica hace algunos días, antes de desdecirse. Pero más allá de confirmar que Uruguay tiene la tasa de crecimiento más baja de toda América Latina, lo cierto es que los números no son confiables. De hecho, se informó que aún falta censar una zona rural de nuestro departamento de Colonia, entre otras.

Ante este panorama, y el reclamo de la oposición, Nalbarte anunció que finalizará su tarea y, una vez entregados formalmente los datos, pondrá su cargo a disposición de las autoridades.

El Presidente debería aceptar esa renuncia. Y de igual forma, debería alejar de sus funciones a los demás jerarcas responsables de este empadronamiento.

La tarea que antes se realizara en un día lleva ya más de cuatro meses, y prosigue sin que se vislumbre una fecha de finalización. Hay hogares y ciudadanos que, hasta ahora, siguen sin ser relevados. Y hay otros que nunca se relevarán y, por tanto, jamás formarán parte de la estadística oficial.

Cuando a partir de 1949 el entonces Ministro de Hacienda, Nilo Berchesi, reorganizó bajo la Presidencia de Don Luis Batlle Berres los servicios estadísticos otorgándoles una importancia que hasta ese entonces era relativa, lejos estaba de imaginarse que 60 años después, en plena era informática, un gobierno uruguayo pudiera cometer tantos desajustes.

Demasiados errores y demasiado graves como para que autoridades incompetentes se mantengan en sus cargos.