Opinión: por Daniel Bianchi

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) cerró el Ejercicio 2011 sin proceder a la ejecución de una partida del orden de los $ 600 millones (US$ 30 millones, al cambio actual) que debían utilizarse durante el transcurso de ese año.

En virtud de ello, a efectos de invertir ahora esos recursos, el Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP resolvió distribuirlos entre tres segmentos. De tal manera, alrededor de $ 250 millones serán transferidos a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) con vistas a su utilización en las mejoras de infraestructura que el parque edilicio reclama a gritos desde todos los rincones del país, en especial, desde el departamento de Colonia.

Otros $ 200 millones serán distribuidos entre los centros educativos de Enseñanza Primaria, Enseñanza Secundaria, Educación Técnico-Profesional y Formación Docente, con destino a su inversión en equipamiento didáctico o reparaciones menores.

Los $ 150 millones restantes serán distribuidos, por concepto de “Presentismo”, entre la totalidad de los maestros y profesores del sistema de enseñanza contemplando el cumplimiento de su asistencia al dictado de clases, decisión esta última que parece adecuada por cuanto apunta a estimular a aquellos docentes que ponen de manifiesto su responsabilidad al momento de respetar los cursos y horarios que oportunamente eligieron, en desmedro de los más faltadores. En rigor, se trata de una herramienta adoptada por las autoridades para intentar combatir el ausentismo docente, una contrariedad endémica a la que hasta el momento no se le ha encontrado una solución.

Ahora bien, el hecho de que ANEP no haya gastado la totalidad de los recursos presupuestales de 2011 no significa que haya realizado una buena gestión y haya logrado ahorrar ese dinero. Por el contrario, evidencia los graves problemas de manejo y conducción que tiene la enseñanza: que no se inviertan 30 millones de dólares en la reparación, ampliación, remodelación y construcción de liceos y escuelas, muchos de los cuales debieron paralizar el dictado de clases debido a la falta de mantenimiento, son una clara muestra de ello.

Otro serio problema que debe enfrentar el sistema educativo uruguayo es la absurda centralización que impera con particular rigor durante la pasada y la actual administración, porque las decisiones claramente se adoptan desde los escritorios en Montevideo, evidenciando el poco poder resolutivo que tienen los institutos de enseñanza del interior. Y para dar fe de ello, allí están las escuelas técnicas de Rosario y Juan Lacaze, funcionando parcialmente en contenedores la primera, y en un edificio absolutamente precario mientras aguarda el largamente prometido edificio propio la segunda, o el Liceo Nº 1 de Colonia del Sacramento, que debió atravesar una odisea para concretar algunas obras de refacción.

Las autoridades han señalado que, en casos puntuales, el hecho de no haber utilizado los recursos tiene una justificación válida, por ejemplo, la demora en acordar el fideicomiso con la CND para iniciar las mejoras edilicias, aspecto que abordamos oportunamente en esta misma página.

Pero como si lo anterior no fuera suficiente, luego de intensas gestiones en procura de alcanzar un acuerdo entre el CODICEN y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) para establecer una comisión técnica que estudiara los programas Pro (ProMejora, ProArte, ProCiencia, ProLee y ProRazona) merced a las cuales se había logrado un arreglo verbal, todo volvió a fojas cero. En efecto, al momento de firmar, la gremial adujo que los funcionarios de Educación Técnica rechazaban la propuesta, por lo cual la posibilidad de alcanzar la armonía se pospuso hasta el 15 de febrero, una vez más, a días apenas del comienzo del nuevo año lectivo.

Lamentablemente, el gobierno sigue siendo rehén de los corporativismos imperantes en la educación, y de tal suerte la enseñaza en nuestro país -una materia que, a nuestro juicio, debería ser prioritaria junto con la seguridad ciudadana y el incremento de las pasividades durante el presente año- se ve aplazada una vez más.

Curiosa circunstancia.

Quienes deberían ser aplazadas, son las autoridades de la Educación.