El cobro comenzó el lunes; blancos pedirán reconsideración este viernes.

Con los votos del Partido Colorado y los sectores nacionalistas no afines al intendente Walter Zimmer, el pasado viernes 20 la Junta Departamental de Colonia resolvió denegar el Proyecto de Decreto por el cual se fijaban criterios para el cobro del impuesto de Patente de Rodados a partir del Ejercicio 2012, se facultaba al jefe comunal a aplicar distintas resoluciones del Congreso de Intendentes relativas al Sistema único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) y se modificaba el Artículo Nº 133 del Presupuesto Quinquenal 2011-2015 referido a los buenos pagadores, entre otros puntos.

En efecto, el voto favorable de cinco de los ocho ediles del Espacio 19 que lidera el intendente Zimmer y los diez del Frente Amplio, no pudieron quebrar un empate que lograron los votos de otros doce ediles blancos (cinco del sector del senador Carlos Moreira, los cuatro del sector del diputado Ricardo Planchón y tres del Espacio 19, Julio Basanta, Fredys Antúnez y Richard Cáceres) y los tres colorados que se opusieron a la iniciativa por considerar inconstitucional la Ley de Patente Única, y en consecuencia no se obtuvo la aprobación requerida registrándose una votación de 15 a 15. No ingresó a Sala el edil Félix Osinaga (Moreira), aunque de haber adherido a la posición de su sector, su voto habría sido negativo y el proyecto hubiera sido, por tanto, rechazado por 16 votos a 15.

El intendente coloniense se reunió durante la presente semana con los ediles de su sector a efectos de declarar el tema Asunto Político y, de esa manera, convencer a quienes no acompañaron el proyecto para modificar su postura el viernes 27, cuando el zimmerismo pedirá la reconsideración en la Junta Departamental.

La amenaza que en ese sentido desde hace días viene llevando adelante el Prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, quien adelantó en declaraciones a “Radio Sarandí” que si el Gobierno Departamental de Colonia no modificaba su postura en la sesión del viernes 27 y acompañaba la ley debería “atenerse a las consecuencias”, no ha sido menor.

Las “consecuencias” a que refiere Cánepa son los recortes de recursos establecidos en la ley para quienes no adhieran al SUCIVE, recortes que en caso de realizarse también serían inconstitucionales por cuanto dichas partidas están consagradas en la Constitución (Art. 214) y no pueden ser eliminadas ni recortadas.

Sin embargo, ha quedado lo suficientemente claro ante los ojos de la opinión pública la posición de cada uno de los ediles departamentales, y ante la eventualidad de que alguno de ellos el viernes 27 modificara su posición, quedaría claramente evidenciado que ello obedecería a las presiones ejercidas en ese sentido, lo que sin duda significaría un deterioro en la imagen del sector o partido de que se tratase, además de la del edil en particular.

Al límite del tiempo

La convocatoria a los ediles departamentales para la Sesión Extraordinaria del viernes 20 se cursó vía mensaje de texto (normalmente se hace a través de una citación escrita y de un correo electrónico), entre las 14.00 y las 14.30 hs. de ese día, es decir, al filo del plazo reglamentario, que establece 5 horas previas al inicio de la sesión, fijada para las 19.30 hs.

Ya en Sala, pasados 15 minutos de la hora de comienzo, fue distribuida una copia del Expediente Nº 17/2012, de 30 carillas. Las cuatro primeras de ellas eran copia de distintas resoluciones del Congreso Nacional de Intendentes (CNI), desde la página 4 a la 28 se plasmaban el texto para constitución de un fideicomiso financiero para administrar el flujo de recaudación proveniente del cobro de patente de rodados y distintos anexos. Dicho contrato debía ser firmado por la Comisión de Seguimiento del SUCIVE, la fiduciaria República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (FAVISA) autorizada por el Banco Central del Uruguay (BCU) y los gobiernos departamentales. Las últimas dos páginas eran el texto del proyecto de decreto remitido por Zimmer referido concretamente al gobierno departamental coloniense.

La postura contraria a la iniciativa fue sostenida por los ediles nacionalistas Mónica Ayala y Edmundo Roselli (moreiristas), por el edil Julio Basanta (zimmerista) y principalmente por el edil Gabriel Gabbiani (Vamos Uruguay - P. Colorado), quienes coincidieron en denunciar la coacción de que son víctimas las Intendencias para adherirse a una ley inconstitucional, además de señalar las graves irregularidades e injusticias cometidas en cuanto a la tributación en sí misma.

La defensa vino de la mano de los ediles Roberto Calvo (Zimmer) y Abel Vanni (FA - MPP).

Cómo se fue gestando

La polémica tuvo su origen el 16 de octubre de 2010, cuando en la Estancia Presidencial de Anchorena los diecinueve intendentes del país visitaron al Presidente de la República, José Mujica, a efectos de plantearle la posibilidad de formar una comisión para abocarse a afrontar cinco problemas que, a juicio de los jefes comunales, no podían continuar postergándose.
Los mismos eran los siguientes:

1) La “guerra de las patentes”, problema que venía arrastrándose desde hacía tiempo sin que se vislumbrara una solución. Los intendentes coincidían en que había que unificar los precios del tributo en todo el país a través de un acuerdo.

2) El alumbrado público, que por una decisión del gobierno de facto desde 1975 había sido trasladado a la órbita de las intendencias, con consecuencias nefastas para sus arcas, debido a la millonaria deuda que los gobiernos departamentales fueron acumulando con UTE, la que se fue agravando con drásticos resultados.

3) La recolección y disposición final de residuos, un problema endémico en todo el territorio nacional.

4) La caminería urbana y rural en todos los departamentos, así como la integración de una Corporación Vial Regional, con directa relación con la recientemente aprobada Ley de Participación Público-Privada (PPP) promovida por el Poder Ejecutivo.

5) La adquisición de maquinaria vial, apuntando a unificar las compras de vehículos a través de la realización de un leasing para los diecinueve departamentos.

Las últimas tres preocupaciones se encuentran aún en etapas de negociación, pero sobre las dos primeras se comenzó a trabajar en forma inmediata.

Pocas semanas después, concretamente el 13 de enero de 2011, el CNI encomendó a sus autoridades que convocara al grupo de trabajo conjunto con vistas a comenzar a negociar una solución al problema de las patentes.

La Comisión se conformó con el presidente del CNI, Wilson Ezquerra (Tacuarembó, Partido Nacional), el vicepresidente, Marcos Carámbula (Canelones, Frente Amplio) y el segundo vicepresidente, Germán Coutinho (Salto, Partido Colorado), en representación de los Gobiernos Departamentales, y en representación del Poder Ejecutivo el Prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, el Director General del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Apezteguía, y el coordinador del Área de Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Cabrera.

Durante dos meses se fueron sucediendo los contactos y las negociaciones, hasta que el 7 de marzo de 2011 el Presidente Mujica -previendo, sin dudas, serios inconvenientes debido a la forma jurídica en que el Poder Ejecutivo venía manejando la presentación de la iniciativa- solicitó a los intendentes que el acuerdo que se alcanzara tuviera un respaldo significativo.

Tras el consenso alcanzado, la comisión se abocó al diseño del nuevo sistema, planteando que hubiera valores únicos en todo el país para los aforos de los vehículos, las alícuotas (porcentaje del aforo del vehículo que se utiliza para calcular el monto anual de la patente) y los descuentos por pago contado y buen pagador.

El hecho de promediar valores para que hubiera una patente única en todo el país significaba que habría intendencias que deberían aumentar el valor del tributo y otras que deberían bajarlo. Para compensar las pérdidas de recaudación que estas últimas debían enfrentar por el nuevo sistema, el Gobierno Nacional asumió la responsabilidad de cubrir la diferencia hasta diciembre de 2015, asegurando que la recaudación de cada intendencia por concepto de patente no fuera menor a la correspondiente al Ejercicio 2010. Para ello, se comprometió a transferirles partidas anuales que en principio se estimaban en 20 millones de dólares, luego en 30, y finalmente en 50 millones de la divisa estadounidense.

El dinero para cubrir esas diferencias sería aportado a través de la transferencia de Rentas Generales, lo que provocaría que, indirectamente, aquellos ciudadanos que no tienen vehículo estuvieran pagando patente de rodados. Fue la primera señal de alerta.

Cánepa señaló que, con la implantación del nuevo sistema, los gobiernos departamentales que verían más afectada su recaudación, serían los de Montevideo, Canelones, Maldonado, San José y Río Negro, que recibirían, en consecuencia, mayores compensaciones del Gobierno Nacional. Colonia, en contrapartida, debería aumentar el valor de la patente, sin recibir subsidio alguno.

Al día siguiente, 8 de marzo, las directivas señaladas fueron aprobadas de manera unánime por el CNI, y todas las intendencias proporcionaron los aforos y las alícuotas que aplicaban a los vehículos para definir el monto de la patente, lo que a partir de mayo permitió a la OPP avanzar en la instrumentación del SUCIVE.

El 15 de setiembre de 2011, Mujica anunció públicamente que los dos primeros temas planteados en octubre de 2010 se resolverían en conjunto y formarían parte de un mismo acuerdo, y adelantó que éste llegaría a través de un proyecto de ley. Para aprobar el mismo, reclamaba una “mayoría circunstancial”, un respaldo del “70 y pico por ciento porque es un acuerdo nacional y si no, no camina, y si tuviera sólo la mayoría de la fuerza política que me respalda, no lo acepto”.

Allí comenzaron las dudas, y los legisladores comenzaron a tomar distancia de los intendentes.

El 1º de noviembre el proyecto fue votado por la Cámara de Representantes por 65 votos en 90 presentes, el 20 de ese mes fue aprobado en el Senado por 17 votos en 26 y volvió a Diputados por haberse introducido pequeñas modificaciones, que el martes 13 lo aprobó por 53 votos en 84 legisladores presentes.

Dos días más tarde, Mujica, molesto por el escaso apoyo obtenido -incluso, durante la votación en el Senado le había solicitado a su partido, el Frente Amplio, que se retirara de Sala- anunció estar “dispuesto a dar marcha atrás”.

Serias irregularidades

Pero el nuevo sistema siguió su marcha, y durante el mes de enero las diferentes Juntas Departamentales fueron otorgando su consentimiento al mismo a través del contrato con un fideicomiso.

Con excepción del deliberativo coloniense, que el viernes 20 pateó el tablero.

En pocas líneas, la Ley 18.860 del 23 de diciembre de 2011 creó el SUCIVE con el objetivo de gestionar el cobro del tributo de patente de rodados, recargos, multas y moras de los vehículos automotores empadronados en cualquier departamento del país, así como las multas y moras correspondientes a los propietarios, poseedores o conductores de dichos vehículos.

La inconstitucionalidad de la ley viene dada porque la patente de rodados es un recurso que debe ser “decretado y administrado” por los gobiernos departamentales (Art. 297 de la Constitución), nunca a través de una ley.

Además, como forma de administración la ley establece un fideicomiso, esto es, un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas (llamada fideicomitente o fiduciante), transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (una persona física, llamada fiduciaria), para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o de un tercero (llamado fideicomisario). Al momento de la creación del fideicomiso, ninguna de las partes es propietaria del bien objeto del fideicomiso.

Los abogados constitucionalistas convocados a la Comisión de Legislación y Códigos de la Cámara de Representantes durante la discusión del proyecto de ley, coincidieron unánimemente en la inconstitucionalidad del mismo, y además, apuntaron que la potestad de fijación y cobro del tributo corresponde al gobierno departamental, y no puede ser delegada en un agente fiduciario.

Quienes se oponen al SUCIVE sostienen que la ley es inconstitucional, que lesiona las autonomías departamentales y que centraliza las atribuciones de los Gobiernos Departamentales en el Gobierno Central.

De hecho, el tributo comenzó a cobrarse este lunes en las dependencias del Correo, Abitab y Red Pagos. Los locales de pago consultados por EL MUNICIPIO indican, en términos generales, que “el cobro se lleva a cabo en forma normal, la gente viene pregunta y paga, pero nosotros no estamos en condiciones de explicar absolutamente nada acerca de si el monto es o no correcto. Varias personas han manifestado su disconformidad por el incremento en el valor que han debido soportar, pero saben que tienen que pagar y luego hacer el reclamo”, indicaron.

De hecho, quienes quieran hacer averiguaciones sobre su patente o presentar algún reclamo, deben presentar su queja ante las oficinas del SUCIVE. La Intendencia de Colonia y las Oficinas Administrativas de la misma, nada tienen ya que ver con la patente, desconocen los valores y no reciben reclamos.

Todo está en manos del instituto creado a instancias del Gobierno Central.

Como para dejar aún más en evidencia el centralismo montevideano.