Patente de Rodados: Se concretó adhesión al SUCIVE.

Finalmente el pasado viernes 27 la Junta Departamental de Colonia dio marcha atrás y, sin que mediaran nuevos argumentos que lo justificaran, con el voto afirmativo de los ediles del Frente Amplio y casi todos los nacionalistas del Espacio 19 (sector del intendente Walter Zimmer), aprobó por 17 votos a 14 ceder la potestad de cobro del tributo de Patente de Rodados a una fiduciaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 18.860 que crea el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE).

El edil Roberto Calvo (Zimmer) fue quien presentó la solicitud de reconsideración, pero planteó únicamente rever la votación y no el tema, evitando de esa forma que se introdujeran nuevos elementos que eventualmente pudieran contribuir a que los ediles modificaran su voto original.

La bancada del Partido Colorado reclamó conocer las causas por las cuales se solicitaba una nueva votación, pero Calvo soslayó el requerimiento señalando que el Reglamento Interno lo amparaba al pedir una nueva votación sin obligarlo a dar explicaciones.

En ese escenario, a favor de adherir al SUCIVE votaron siete de los ocho ediles zimmeristas (no lo hizo Richard Cáceres) y los diez ediles del Frente Amplio (FA), haciéndolo por la negativa los tres ediles del Partido Colorado, los seis ediles de la Lista 904 (sector del senador Carlos Moreira) y los cuatro ediles de la Lista 12 (sector del diputado Ricardo Planchón).

Pocos legisladores hicieron uso de la palabra durante la fundamentación del voto. Julio Basanta, Mónica Ayala y Gabriel Gabbiani fueron prácticamente los únicos que argumentaron su posición, a favor el primero (había votado en contra el viernes anterior) y en contra los dos restantes.

El FA no fundamentó su voto con la excepción del edil Abel Vanni, que en la práctica no lo hizo ya que se refirió a temas ajenos a la patente de rodados.

Dudas sobre la mayoría requerida

El edil Gabbiani (Vamos Uruguay) observó a la Presidencia de la Junta que, a juicio de los ediles colorados, no se había logrado la mayoría requerida para aprobar el decreto que cedía los derechos de cobro.

Inesperadamente, indicó que el Artículo 156 de la Ley Nº 17.556 (Rendición de Cuentas del Año 2001) modifica el Artículo 37 de la Ley Nº 9.515 (Ley Orgánica Municipal) y establece que “Las Juntas Departamentales, a propuesta del Intendente respetivo, por tres quintos de votos de sus componentes, podrán autorizar la cesión onerosa o la dación en garantía a terceros del cobro de adeudos líquidos y exigibles, por concepto de tributos municipales”.

“Al tratarse en el caso que nos ocupa de una cesión onerosa, ya que el Gobierno Departamental cede el derecho de cobro a cambio de una contraprestación del SUCIVE (recibir y distribuir el dinero recaudado durante 15 años), se cumple el extremo fijado en la ley, por lo cual se necesitan 19 votos para su aprobación, no 16. Por tanto, no se logró la mayoría requerida”, sostuvo.

La argumentación motivó el mutismo parcial del órgano legislativo, hasta que Calvo denegó la posibilidad de discutir siquiera la alternativa, señalando que ya se había votado, y que la observación debía haberse presentado con anterioridad al voto.

Gabbiani argumentó que desde el inicio de la sesión venía reclamando la atención del Presidente, Alfredo Álvarez Bogliolo, e incluso le había remitido de la manera habitual -a través de una funcionaria- una anotación pidiendo la intervención, pero que éste desechó la posibilidad.

De todas formas, la duda quedó instalada, y en ese sentido durante la presente semana se expresó el representante nacional por Colonia, Daniel Bianchi, no descartándose tampoco entre filas ajenas al coloradismo que la observación pudiera ser de recibo y tener andamiento.

La coacción de Cánepa

La intimidación y la coacción impulsadas durante los días previos al viernes por el Prosecretario de la Presidencia de la República, Diego Cánepa -actitud sobre la que distintos actores políticos se han expresado en los medios de prensa durante las últimas horas, rechazándola de plano- fueron esenciales para alterar la posición de los ediles zimmeristas Julio Basanta y Fredys Antúnez, quienes revirtieron su voto de la sesión anterior.

El primero de ellos, fue contundente al reiterar los conceptos por los cuales el nuevo sistema de unificación de patentes es inconstitucional y argumentó en ese sentido, pero admitió que se veía obligado a modificar su postura debido a la presión ejercida desde el Gobierno Nacional, que amenazaba con recortar los recursos presupuestales establecidos por la Constitución de la República. “No es en la Junta donde se va a dirimir la inconstitucionalidad”, sostuvo, previo a anunciar que como abogado presentará recursos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Durante la semana, Cánepa había insistido que si la Junta coloniense no adhería al sistema, el Gobierno Departamental debería “atenerse a las consecuencias”, que significaba la disminución al 60% de las partidas que desde el Gobierno Nacional se destinan a las intendencias por distintos conceptos. De tal manera, la transferencia de estos y otros montos se condicionaba a la adhesión al SUCIVE.

“La ley no obliga a las intendencias a adherir al sistema, sino que lo que fija es un mecanismo institucional para que los gobiernos departamentales adhieran. Lo único que está en la ley es el armazón jurídico donde va el contenido. Las intendencias pueden cobrar la patente que quieran, pero si lo hacen por fuera del SUCIVE van a tener un costo político importante”, había apremiado el jerarca a través de la prensa.

Para Cánepa, sostener que la firma del contrato del fideicomiso debía pasar por la aprobación de las Juntas Departamentales era “un error profundo”, y se mostró reacio a darle intervención a los legislativos. Según él, no debía confundirse “autonomía” con “soberanía”, ya que Uruguay no es un país federal.

“No se violenta la Constitución, porque no hay obligación para las intendencias. El acuerdo está “vinculado a un compromiso de gestión, que no es una extorsión”, había dicho Cánepa.

No obstante, si de algo quedó la sensación, es que justamente de eso se trató.

Un retroceso de casi un siglo

Llegada la ocasión de fundamentar el voto, el edil Gabriel Gabbiani indicó que “la Junta de Colonia se está acostumbrando a violar la Constitución y la ley”. Parecería, agregó, que la institucionalidad, la separación de poderes y los derechos ciudadanos, son negociables y se encuentran supeditados a las conveniencias de turno.

Refiriéndose a la autonomía de los departamentos, expresó que “cada uno de éstos recoge una parte del poder, ahora concentrado en la Capital, para ejercerla por sí mismo; y una multitud de cuestiones que a ellos en primer término interesa y que ahora, en definitiva, se resuelve por el Poder Central, pasará a ser de su exclusiva competencia. De igual manera, sumas cuantiosas provenientes de contribuciones que ellos pagan, y que ahora se acumulan en Montevideo y son allí administradas, irán a constituir el tesoro público de cada una de las regiones de donde surgieron y a emplearse en mejoras de todo género (…). Se destruirá así la enorme injusticia de la absorción de los departamentos por la Capital, y también esa situación deprimente de los hombres radicados fuera de Montevideo, que los presenta como legalmente incapaces para administrar sus propios intereses”.

“Esto que acabo de leer lo dijo Don José Batlle y Ordóñez en 1916, argumentando a favor de la reforma constitucional que sería aprobada al año siguiente. Hoy, con el voto del FA y de un sector del Partido Nacional, hemos retrocedido 95 años”, finalizó Gabbiani antes de retirarse de Sala.

Así votaron los ediles

Votaron a favor: Fernando Alonso, Amílcar Altolaguirre, Fredys Antúnez, Julio Basanta, Héctor Blanco, Roberto Calvo y José Luis González, del Partido Nacional; Daniel Almada, Rodrigo Cerrutti, Marita González, William Geymonat, Carlos Rey, Abel Vanni, José Luis Pittamiglio, Marcel Bonnet, Luis Cisneros y Roberto Larrama, del Frente Amplio. Total: 17 votos.

Votaron en contra: Sergio Bertón, Gabriel Gabbiani y Gustavo Torres, del Partido Colorado; Alfredo Álvarez Bogliolo, Carlos González Álvarez, Edmundo Roselli, Mauricio Cáceres, Walter Godoy, Mónica Ayala, Luis López, Walter Ingold, Enrique Planchón, Nelson Martens, y Richard Cáceres, del Partido Nacional. Total: 14 votos.