Opinión: por Daniel Bianchi

El martes de la presente semana el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, fue interpelado en la Cámara de Representantes, acerca de la situación del sistema carcelario, luego de los motines producidos en distintos centros de reclusión del territorio nacional.

Habida cuenta de que se descartaba -como ya es natural a esta altura- que la interpelación finalizaría sin consecuencias políticas dada la mayoría oficialista en la Cámara Baja (si bien por primera vez desde que gobierna el Frente Amplio fue presentada una moción de censura, que deberá ser considerada en los próximos días y que seguramente no prosperará), la convocatoria apuntaba, simplemente, a que Bonomi asumiera su responsabilidad en los hechos de referencia, esto es, los gravísimos problemas desatados en los institutos de reclusión y la falta de seguridad pública.

Debe recordarse que, unos días antes, algunos de los propios legisladores oficialistas habían reconocido que, en caso de evaluar la salida de algún ministro del Parlamento -ello en alusión al inesperado alejamiento del titular de Turismo, Héctor Lescano- el primero debía ser Bonomi, y no otros.

Así planteadas las cosas, el inicio de la sesión de la Cámara no pudo ser peor.

Bonomi solicitó que se permitiera el ingreso a Sala de un conjunto de funcionarios y asesores de su confianza, y el Parlamento lo permitió.

Con el mismo derecho, la oposición solicitó el ingreso de Álvaro Garcé, Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, cargo creado por la Ley Nº 17.684 del año 2003. El cometido principal de dicho funcionario es asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa supranacional, constitucional, legal y reglamentaria, referida a la situación de las personas privadas de libertad por decisión judicial, como así también, supervisar la actividad de los organismos encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado.

No obstante, el oficialismo se opuso a tal posibilidad, desconociendo que aquel es empleado del Poder Legislativo, en su carácter de asesor del Parlamento. La excusa esgrimida por la fuerza gubernista, señalando que el Comisionado es un asesor técnico, no político, y que su cometido básicamente se reduce a rendir anualmente un informe ante la Asamblea General que los diputados deben conocer, no fue de recibo por lo grotesco del argumento, pero a pesar de la intención de modificar el laudo, la oposición no pudo torcer la mano de hierro del oficialismo y, así, la mayoría cumplió con su cometido, esto es, evitar su presencia en Sala.

De tal suerte, el oficialismo cercenó la posibilidad de que el Comisionado, protagonista principalísimo en los hechos de referencia, diera su opinión respecto a los mismos.

Que no son pocos, por cierto.

Recuérdese la crisis carcelaria de abril pasado, cuando en el Penal de Libertad un guardia fue herido de bala por un recluso, lo que agudizó la situación dando origen a dos nuevos motines en sólo veinte días, y la destrucción de dos módulos completos del COMCAR.

Al problema carcelario se suma el incremento en el consumo y venta de estupefacientes, habiéndose convertido la pasta base -cuyas bocas de venta, en número cercano a las 1.600, se encuentran en todo el territorio nacional- en una de las causas principales del incremento de la inseguridad y los delitos, en especial aquellos perpetrados contra la vida y la propiedad, habiéndose acrecentado las rapiñas (hurto con violencia).

Párrafos aparte merecen la nueva modalidad de “ajuste de cuentas”, hasta ahora desconocida en nuestro país, y los homicidios, cuyo número se elevó de manera alarmante, al punto tal que, mientras en el año 2011 se cometieron alrededor de 200, en los primeros cinco meses del corriente año ya se han registrado oficialmente 174.

Lo cierto es que hasta no hace mucho, este escenario pretendía desconocerse, pero hoy la realidad se ha estrellado sin miramientos contra el rostro de quienes la negaban, y a los reclamos de la oposición, los medios de prensa y la opinión pública, se suma hoy el propio partido de gobierno, que ha aceptado lo que era evidente.

Es un paso adelante.

No obstante, mientras numerosos policías sindicalizados, guardias de empresas de seguridad y víctimas de la delincuencia o sus familiares, se agrupaban frente al Palacio Legislativo manifestando contra la inseguridad, el oficialismo impedía el ingreso a sala del Comisionado Parlamentario y transformaba la interpelación en una larga y aburrida exposición, el final de la cual en nada contribuyó a lograr un intento de salida a la crisis de seguridad.

Y esa muestra contraria a la práctica democrática, es un paso atrás.