por Ing. Andrea Maddalena

En Uruguay, durante los últimos años, ningún gobierno ha destinado suficientes y legítimos recursos, en los presupuestos quinquenales, para implementar –eficientemente- políticas de Estado con perspectiva de género.

Durante décadas, las mujeres con responsabilidades políticas han defendido que las diferencias no se traduzcan en desigualdad. La creación de la Comisión de Género y Equidad en el Parlamento; luego la institucionalización de la Bancada Bicameral Femenina (de Género); la Red de Mujeres Políticas junto a las organizaciones sociales, partidarias y gremiales, entre otras, han sido herramientas válidas para visibilizar las demandas generadas por las mujeres de todos los ámbitos sociales y productivos del país.

El género hace referencia a las cualidades y comportamientos definidos culturalmente para los hombres y para las mujeres. Ofrece una perspectiva nueva más amplia y neutra a la necesidad de incorporar tanto a los hombres como a las mujeres y sobre todo las relaciones entre ellos a todos los saberes que construyen las diferentes formas de organizaciones sociales.

Esta perspectiva utiliza de modo nuevo el sistema sexo-género, donde el término sexo se reserva para las diferencias biológicas y el término género se utiliza para designar diferencias sociales, culturalmente adquiridas, que encontramos en todas las sociedades. Se trasmiten por los procesos de socialización de generaciones a generaciones, y de ahí la importancia de comprender de manera cierta e incorporar en nuestra mirada, el concepto de género que nos incluye y atraviesa a todos.

Desde la Antropología, la definición de género o perspectiva de género alude al orden simbólico con que una cultura dada elabora la diferencia sexual. Mediante el proceso de constitución del orden simbólico en una sociedad, se fabrican las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres. El sujeto social es producido por las representaciones simbólicas.

Hay indicadores que expresan una clara segregación ocupacional; en el desempleo dominan las mujeres, donde la tasa femenina duplica a la masculina y en algunos departamentos la triplica, siendo la desocupación actual algo más de 6% en el país. Hay situaciones alarmantes como en Artigas, Lavalleja y Rocha, donde el desempleo femenino alcanza el 15% (norte y este el país).

Los espacios de poder siguen estando en manos masculinas, no sólo en política sino en gerencias de empresas; la tasa de actividad masculina es más alta en los 19 departamentos del país. Estos indicadores tienen que ver con el prejuicio por parte de empleadores de contratar a mujeres con edad reproductiva; también con que las mujeres realizan mayor cantidad de trabajo no remunerado y eso les dificulta asumir otras tareas pagas.

El sesgo de género también afecta la distribución de las actividades; las mujeres se encuentran concentradas en ciertos sectores y trabajan principalmente en el comercio (19.1%), el servicio doméstico (18.7%), la industria (12.3%), los servicios sociales y la salud (12.1%) y la educación (10.3%). Son sectores donde pueden conciliar trabajo y familia. Las mujeres uruguayas ganan por hora de trabajo 11% menos que los hombres, generalmente con mayores estudios y preparación. Estas diferencias aumentan hasta un 16% en Salto y un 19% en Río Negro (se evidencia un techo de cristal) un tope invisible que les dificulta seguir avanzando.

El informe Trabajo y Familia de la OIT indica que en el ámbito latinoamericano, más de la mitad de las mujeres se desempeñan en la economía informal; el trabajo de las mujeres es más sensible a los ajustes salariales a la baja y a las jornadas de trabajo más extensas e intensas. Más difíciles resulta para las mujeres afrodescendientes, las pertenecientes a pueblos originarios y las de menores recursos.

Regionalmente Uruguay, presenta el mayor índice de hogares unipersonales, feminidad y longevidad productiva de las mujeres.

En el ámbito sindical, el Mapa de Género del Uruguay establece que las mujeres representan solamente un 11% de la Mesa Representativa del Pit-Cnt; igual porcentaje ocupan en las mesas de negociación colectiva conformadas por trabajadores, empresarios y gobierno.

La búsqueda de la equidad tiene que ser una transversal en la lucha por la no discriminación, en todos los ámbitos de la sociedad.

La inclusión de medidas que prevengan la lucha contra la discriminación en la Constitución de la República; la necesidad de revisar el Código Penal, no sólo por delitos sexuales sino por el concepto de patria potestad, para proteger los derechos de los niños/as; fortalecer el INAMU; definir con mayor precisión los objetivos del Instituto Nacional de la Juventud; políticas de estado que incluyan la dimensión racial en la desigualdad, serán parte de un proceso esencialmente necesario para lograr un mayor desarrollo económico y social, con equidad en el acceso a las oportunidades que brindan todos los ámbitos de la vida.

Si bien toda nuestra experiencia está marcada por el género, también tenemos como seres humanos un conjunto de aspiraciones y compromisos que con frecuencia nos unen. En este aspecto habría que tener presente la acepción castellana de género, en el sentido de que las mujeres y hombres pertenecemos al género humano. Solo así nuestra cultura se irá haciendo más abierta a la diversidad y el multiculturalismo que hoy existe y muestra a todas las sociedades democráticas del mundo, enfrentadas ellas a grandes desafíos que tiene que ver con la inclusión y la igualdad desde las diferencias.

Palabras claves: desempleo-espacios de poder-distribución de actividades-economía informal-violencia de género-hogares unipersonales-longevidad productiva.

¿Seguiremos pensando que el Género es un tema exclusivamente de MUJERES?