El proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, redactado por el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, a solicitud del presidente de la República, José Mujica, “va en contra de lo que los uruguayos decidimos dos veces por la vía de la democracia directa”, afirmó el representante nacional por Colonia, Daniel Bianchi (P. Colorado - Vamos Uruguay).

El legislador explicó que, de acuerdo a la jurisprudencia uruguaya, “una ley que fue ratificada por la ciudadanía en un plebiscito no puede ser derogada y, mucho menos, anulada”.

“Llama la atención el hecho de que el Frente Amplio, que ha sido el principal propulsor de los plebiscitos y referéndums en nuestro país desde la salida de la dictadura, desconozca el pronunciamiento de la ciudadanía, que primero se expresó en 1989 y, para mayor consistencia, ratificó su opinión respecto a este tema el año pasado, a 20 años de la decisión anterior. No es de demócratas desconocer la voluntad de las urnas, por eso estamos sorprendidos, porque no se puede reclamar en la Liga lo que se perdió en la cancha”, expresó.

“El Derecho Romano, que engendró el Derecho en el mundo, establece como uno de los axiomas incuestionables que no está permitido realizar en forma indirecta lo que está prohibido hacer de manera directa, de modo que, si no se puede derogar ni anular una ley, tampoco es legal que a través de una supuesta interpretación se pretenda modificarla. Se quiere derogar la Ley de Caducidad de manera indirecta, lo que constituye una grave irregularidad", expresó.

“El artículo 2º del proyecto interpretativo habla de “ilegitimidad manifiesta”, lo que significa, en buen romance, que estaría contrariando a la Constitución. Pero si lo que el Parlamento hace es asumir que la Ley de Caducidad es inconstitucional, lo que debería hacer es derogar la Ley, precisamente lo que de ningún modo puede hacer porque en su momento fue impugnada por la vía del referéndum, y la ciudadanía confirmó la vigencia de la Ley”, explicó.

Consultado acerca de las eventuales obligaciones que a nivel internacional podría tener el Estado uruguayo, Bianchi dijo que “no es cierto que nuestro país esté obligado por la normativa internacional a derogar, anular o modificar por la vía interpretativa cualquier ley, porque ninguna norma internacional está por encima de la Constitución de nuestra República, salvo cuando la propia Constitución lo establece, y este no es el caso”, expresó.

“Pero, además, supongamos que el proyecto de ley interpretativa no fuera inconstitucional -como lo es- y que lo que se pretende hacer se pudiera hacer. Pues bien, tampoco vemos que haya un resultado práctico, porque durante la administración del Dr. Vázquez, hubo varios casos que el presidente declaró no comprendidos en la Ley de Caducidad. Hoy, los protagonistas de aquella oscura etapa del país ya se encuentran fallecidos o presos, de manera que no vemos que este proyecto pudiera tener una consecuencia efectiva”.

“Por otra parte, dos eminentes constitucionalistas como son el doctor José Korzeniak y el doctor Gonzalo Aguirre, frenteamplista el primero y blanco el segundo, han sido contundentes al momento de explicar la ilegalidad del proyecto interpretativo. De manera que entendemos que, a casi 50 años del inicio de la lucha armada en Uruguay, y a 40 años del golpe de Estado, este es un triste capítulo de la historia uruguaya que, si bien no debe olvidarse, debe laudarse definitivamente. La ciudadanía se pronunció dos veces al respecto, en 1989 y 2009, y decidió que así debía ser. Más de un millón de uruguayos decidió que la Ley de Caducidad debía permanecer como está. La gente pidió dejar al pasado en el pasado y que los gobernantes se dediquen a mejorar el presente y a proyectar el futuro.

No respetar lo que fue resuelto dos veces a través de la democracia directa, es desconocer la propia democracia. El gobierno no puede menos que respetar la voluntad del pueblo. Hasta la dictadura lo hizo en el año 1980, cuando el triunfo del NO imperó sobre el SÍ que promovían los militares”, dijo Bianchi. “Por poner un ejemplo, supóngase usted que el gobierno del Partido Colorado, que perdió el plebiscito impulsado por la asociación de ANCAP con empresas privadas, hubiera buscado la manera, a través de vericuetos más o menos legales, y aún a riesgo de violar la Constitución, de lograr la asociación del ente con privados. ¿Qué hubiera pasado? Seguramente el FA hubiera organizado jornadas de protestas y movilizaciones por haberse desconocido la voluntad popular, buscando que el gobierno diera marcha atrás. Y hubiera tenido razón. Por eso el presidente y el gobierno todo, acataron la voluntad emanada de las urnas”, sostuvo.

“Hoy, aunque el tema es otro, la situación es similar, y la responsabilidad de ratificar la reconciliación que comenzó con la etapa democrática, y que lleva ya más de 25 años, es del presidente de la República. Él es quien tiene en sus manos la posibilidad de afianzar la confianza de las nuevas generaciones en las instituciones democráticas y en la legalidad, o de avasallar la Constitución de la República y el orden establecido”, finalizó el legislador colorado.