por Dr. Daniel Bianchi

Una nueva bofetada recibimos los uruguayos cuando, recientemente, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por su sigla en inglés), presentó su informe mundial de la Prueba 2009 de competencias en ciencia, lengua y matemáticas, que -sin sorprender a nadie- reveló que Uruguay obtuvo, al igual que los demás países latinoamericanos, los más bajos resultados. Dicho en buen romance: la Educación de nuestro país, ejemplo en América y el mundo en otras épocas, se encuentra hoy entre las peores del orbe.

Las Pruebas PISA son una evaluación específica para los alumnos de 15 años que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realiza cada tres años a los estudiantes de centros educativos públicos y privados de 65 países, y que cuenta con el respaldo de las instituciones correspondientes de los gobiernos de cada país, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en el caso concreto de Uruguay. El estudio realizado el año pasado evaluó a 500.000 jóvenes estudiantes, 6.000 de los cuales eran uruguayos que actualmente cursan estudios secundarios en 262 institutos educativos, públicos y privados, de todo el territorio nacional. Consiste en una prueba estandarizada, que tiene dos horas de duración, con la modalidad de preguntas con respuestas de opción múltiple y abiertas, a partir de la información dada al alumno para su estudio.

El promedio de nivel educativo de la OCDE se ubica en un total de 495 puntos y, en ese marco, Uruguay se sitúa en segundo lugar en el concierto latinoamericano, detrás de Chile y delante de México, Colombia, Argentina y Perú. A primera vista el resultado parece alentador, pero queda explícitamente de manifiesto que no lo es al descubrir que nuestro país se encuentra en el lugar 47 del listado total de países, que encabezan China, Hong Kong, Corea del Sur, Finlandia, Canadá y Japón, y muy lejos de éstos en cuanto a puntuación. En puridad, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) revela que en América Latina hay casi 40 millones de personas analfabetas, y más de 100 millones de adolescentes no finalizan sus estudios primarios.

El informe fue brindado el pasado miércoles 8 por el representante de PISA para Uruguay, Andrés Peri, quien analizó los resultados y sentenció lo que ya todos sabíamos y esperábamos: la realidad es inexorable. Lo inapelable de los números marca que el 70% de los alumnos se ubica por debajo del nivel mínimo requerido en ciencias, lectura y matemáticas. Pero, la brutalidad del escenario se prolonga aún más allá, al dejar de manifiesto que la Educación pública uruguaya, tal como se imparte en la actualidad, no aporta los elementos necesarios que permitan mejorar el entorno del cual proceden los estudiantes, esto es, aquellos alumnos que provienen de contextos críticos o de coyunturas sociales perjudiciales, se ven incapaces de modificar esa realidad dentro de los centros educativos y, peor aún, la reproducen.

Ello deja en evidencia que el sistema educativo nacional adolece, hoy día, gravísimos problemas.

Ahora bien: ante esto, ¿qué era dable esperar? Por lo menos una severa autocrítica de las autoridades de la Educación. La hacemos todos en una situación límite: los padres y los hijos cuando el ambiente familiar no es el mejor; los empleados y sus jefes cuando el entorno laboral no es el adecuado; los partidos políticos y sus dirigentes cuando los desenlaces en las urnas no son los esperados; el director técnico de un equipo y sus jugadores cuando los resultados no son los pretendidos. ¿Qué hicieron las autoridades del Consejo Directivo Central (CODICEN)? Nada. O, cuando menos, muy poco. Su presidente, José Seoane, se limitó a ensayar, de manera imprecisa, algunas intenciones que, como autoridad, aquel organismo apuntaría a concretar con vistas a atemperar los graves problemas de la enseñanza, entre ellos, los elevados índices de repetición.

La actitud de las autoridades agravia e indigna. Recuérdese que, durante la campaña electoral y ya investido en su calidad de Primer Mandatario, el presidente José Mujica reiteró hasta el hartazgo -y lo sigue haciendo- que la Educación sería una de las prioridades durante su gobierno. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario.

Al término de la anterior administración, siendo presidente Tabaré Vázquez, y luego de arduas negociaciones y enfrentamientos, los recursos con destino a la Educación se ubicaron en el 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI). En aquel momento, el Partido Colorado advirtió que, como contrapartida a esos dineros, debía cristalizarse una notoria mejoría en los resultados. Pero, a la vista está, ello no fue así.

Hoy, con una enseñanza en franco declive, con un presupuesto para ella que no va a aumentar y con una realidad que nadie niega, la situación es insostenible. En Uruguay, la Educación, pilar básico de las sociedades, está desgastada y se deteriora a pasos agigantados, sin que, por el momento, aparezcan albañiles que se decidan a poner manos a la obra.