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Derechos de las prostitutas en Uruguay

Ser trabajadora sexual es hoy por hoy un riesgo importante para muchas mujeres en todo el mundo. Incluso en países donde la regularización del sector se ha hecho efectiva, como Uruguay, la situación está lejos de ser la ideal. Las mujeres que se dedican a este tipo de servicios suelen tener inestabilidad laboral, además de estar en riesgo de pobreza y exclusión. No es algo que solo ocurra en este sector, ni mucho menos, pero el estigma sobre estas mujeres sigue más vivo que nunca. La misma sociedad que la señala como “mujeres de calle” y las rechaza, luego es tolerante con los hombres que acuden a ellas. Es una muestra más del machismo imperante aún hoy día en nuestra sociedad, el mismo que mantiene a estas chicas abocadas a un futuro incierto. Ni siquiera la despenalización de su trabajo les permite mantener una vida más tranquila y aceptable, porque siguen encontrándose con muchos problemas.

Actualmente, y según los últimos datos, existen poco más de 12.500 personas dedicadas al sexo de pago en Uruguay. Más del 90% son mujeres, y muchas de ellas, además, son  madres de familia. De hecho, el sacar adelante a sus hijos es una de las razones primordiales que les hacen salir a trabajar cada día. Lo hacen en la calle, en rutas conocidas y lugares concurridos y populares, pero también en locales. Los pubs y las whiskerías son los más reconocidos, y es allí donde se concentra hoy en día el mayor número de prostitutas. Los locales están repartidos por toda la geografía uruguaya, e incluso en ellos hay diferencias sustanciales con respecto a las chicas. Algunas mujeres los gestionan casi como una comuna, dando todas las facilidades a las trabajadoras y manteniendo su trabajo en regla. En otras ocasiones tratan de aprovecharse lo máximo posible de ellas, cobrándoles la pieza, las toallas e incluso el agua caliente para ducharse. Estas condiciones hacen que el trabajo de amante profesional se mantenga todavía en una problemática situación, a pesar de los adelantos que ha habido en las últimas dos décadas.

La prostitución y su legalidad en el país

En 2002, el Gobierno de Uruguay lanzó la ley 17.515, a través de la cual se regularizaba la prostitución en el país. Desde ese momento, ofrecer y disfrutar de servicios sexuales de pago ya no estaba penado ni sería perseguido. Las mujeres, además, podían acceder a los beneficios de ser trabajadoras cien por cien legales, como bajas, retribuciones, etc… Esto, al menos, sobre el papel, porque lo cierto es que casi veinte años después, pocas son las que han aprovechado estas ventajas. La prostitución ya no se persigue, pero la mayoría de chicas se mantienen al margen de la legalidad, sin pagar impuestos por su trabajo, pero sin recibir tampoco retribuciones. Muchas ni siquiera saben a lo que tienen derecho como trabajadoras sexuales, y por eso muchas asociaciones están intentando hacerles llegar toda esa información.

Trabajadoras sexuales y sus derechos

Pero, ¿qué derechos tienen entonces las trabajadoras sexuales uruguayas? Después de la Ley de 2002 se han lanzado diferentes modificaciones, para adaptar esta legislación mejor a la realidad cotidiana de este trabajo. En principio, todas aquellas que cuenten con el Carné de Trabajadora Sexual tendrán derecho a ingresar en el MSP como monotributarias, es decir, aportando por su cuenta lo que trabajan. También se requiere la Libreta de Profilaxis Venérea para poder desempeñar el trabajo, al menos en aquellos lugares con licencia, como las whiskerías. La realidad es que la mayoría de chicas obtienen este último recurso, que es el que definitivamente les permite trabajar, pero no el primero, así que pueden acceder a muchos derechos.

Se da el caso de que para obtener dicho Carné, las trabajadoras sexuales deben presentarse en un departamento de Policía y rellenar una solicitud. Se les pide además un pago que para muchas es inviable. Razón por loa cual deciden no sacarse dicho Carné, que en realidad tampoco se les pide obligatoriamente, y prefieren seguir trabajando por su cuenta, sin estar “marcadas”. De hecho, muchas no quieren sacarse el Carné para no estar fichadas por la propia Policía, ya que temen represalias. Actualmente, son muy pocas las prostitutas que se han acogido a este medio para obtener derechos, cuantías y retribuciones. Y en la mayoría de casos, además, advierten de que acceder a esos beneficios no es precisamente sencillo, incluso cumpliendo con todo lo que se les pide.

Una situación complicada

Visto lo visto, la situación que viven las trabajadoras sexuales en nuestro país es bastante complejo. Pareciera que muchas temen incluso entrar en ese censo oficial del Gobierno, aunque casi todas tienen ya la Libreta de Profilaxis Venérea, que asegura que están sanas y libres de ETS. El problema es que se sienten discriminadas y marginadas desde hace demasiado tiempo, y por más leyes que haya, la situación no puede cambiar de la noche a la mañana. Muchas son madres de familia cuyo único sustento está en la prostitución. No pueden dejar a sus hijos sin comer, y viven una situación que les empuja a este trabajo. No están obligadas, no hay un proxeneta detrás empujándolas a aceptar clientes. Pero la vida es la que las está empujando a esta situación.

Las asociaciones de trabajadoras sexuales, como OTRAS, ya han alzado la voz en más de una ocasión para intentar mejorar la situación legal de estas mujeres. Admiten que se han dado pasos importantes desde la ley de 2002, pero la consideran insuficiente a día de hoy. Ponen como ejemplo la nefasta gestión del Carné de Trabajadora Sexual, que no parece llamar la atención de las chicas para obtenerlo, a pesar de ser aparentemente ventajoso. La mayoría prefieren mantenerse al margen de esos líos burocráticos, porque tampoco están en condiciones de pagar por dicho Carné, o por unos abogados, en caso de necesitarlos. Su situación de marginalidad y de riesgo de pobreza las lleva a aceptar, en muchos casos, un destino que parece imposible de cambiarse.

Qué dicen las autoridades

Desde las autoridades se asegura que a día de hoy, las trabajadoras sexuales tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador por cuenta propia en Uruguay. Defienden que el papeleo que se debe llevar a cabo es el mismo que para inscribirse en cualquier otro oficio. Sin embargo, no todos los profesionales liberales tienen que acudir al departamento de Policía para obtener un carné sobre su profesión. No todos se exponen de la misma forma que estas chicas, muchas veces en la calle, a problemas con clientes o con las propias fuerzas del orden. Las autoridades parecen desconectadas de los auténticos problemas de las chicas, de las situaciones tan complejas que viven. Por eso no tienen solución a un problema que directamente piensan que no existe.